A inicios del I ciclo lectivo 2021 Ventanas a la Política Nacional abrió de nuevo sus ediciones para permitir a la comunidad de ciencias políticas reflexionar y discutir sobre temas relevantes a nivel nacional, por ello la nueva etapa empezó conversando sobre la Ley marco de empleo Público, debate que cobró fuera a inicios de año.
De la mano del Profesor Fernando Rodriguez, invitado y especialista en temas de economía, pudimos comprender el contexto e implicaciones de esta propuesta de reforma que impacta al sector de empleados públicos del país y que permea toda la dinámica económica del país.
Le compartimos el video de esta edición y un resumen completo del tema tratado en esta entrega.
La Ley marco del empleo público no es un problema aislado, corresponde a una problemática económica, política, social y otras que viene de la mano con el crédito del FMI al cual se le dió dictamen el 22 de junio del 2021 como elemento que movió la agenda de la ley hacia adelante.
¿Por qué plantear una reforma?
Al ser el sistema de empleo público costarricense disperso y diferente, genera importantes problemas de administración. Los sistemas de empleo público no han incorporado incentivos que impulsen el desarrollo, los conocimientos, la tecnificación de los empleados perjudicando así la actualización y mayor profesionalización del sector público.
El empleo público entramado en un sistema que no da abasto en sus gastos responde a una seguidilla de acciones del pasado entre ellas a la tomada en el 2007 por Sala IV cuando dictaminó que el tope de anualidades violentaba los derechos de los funcionarios, ante lo cual eliminó lo eliminó, generando que las personas que tenían más de 30 años pudiesen seguir cobrando anualidades, acción contraproducente ya que anualidades más salarios sumamente altos sirvieron y sirven de incentivo a quedarse por tiempo exageradamente prolongado en el puesto de trabajo.
Es entonces que se siguen experimentando problemas de solvencia financiera en el sector público dado a un sistema exagerado de pluses compensatorios contra bases salariales bajas. A groso modo es una de las principales razones de ser de la ley marco del empleo público.
¿Por donde debió hacerse la reforma?
Pregunta base de la discusión para la reforma que no se hizo ¿cuál debe ser la remuneración de un funcionario público?¿Cuál es la racionalidad de un sistema salarial cargado de pluses? ¿por qué un plus y no parte de su salario total?.
Explica el invitado que acciones como la dedicación exclusiva entre otras que se dan en la actualidad provocan limitaciones al ejercicio y apertura/crecimiento del profesional. Al mismo tiempo que lo enmarca a trabajar en un solo espacio. Dentro de las deficiencias de estas acciones se encuentra el error común de pensar que el profesional se desarrolla de la misma manera en diferentes entornos pretendiendo así generalizar bases salariales.
Antes este panorama crear un régimen de carrera profesional que hiciese más eficiente al gasto, como una inversión y una justa remuneración e incentivo hacia aquel que busque ampliar sus conocimientos provocaría que no solo hubiese un mayor interés de profesionalización del sector público sino una eficiencia del gasto. Contrariando así las bases inestables de esta reforma que simplemente recorta sin considerar impactos en materia más allá de la económica, lo que lleva al siguiente punto:
La reforma ha tenido una justificación eminentemente fiscalista
Como se mencionó anteriormente esta reforma responde a un paquete más grande de medidas, como requisitos ante el FMI como garantía al acceso a una serie de recursos, pero ¿a qué precio?.
Las cifras históricas son evidencia de que no son los salarios el gasto central del sector público, en su lugar varias transferencias corrientes han ido creciendo, se han ido consolidando y aumentando múltiples programas sociales a los cuales se les asignaron recursos públicos, los cuales han ocupado gran parte de gasto de interés del gobierno central.
Es entonces que aunque se pretendiese llevar a cabo la reforma con ánimos de reducción de gasto público se estaría concentrando la problemática en una sola de sus aristas. Se debe reiterar nuevamente que indicadores como la tasa de crecimiento interanual del gasto total y de las remuneraciones del gobierno central, evidencia que en gran parte del periodo 2010-actualidad no son los salarios los que empujan el gasto del gobierno central sino otros gastos, entonces: ¿que justifica la reforma?
¿Qué problemas tiene la reforma propuesta?
Pretende ahorros muy altos en plazos muy cortos, impactando a un grupo pequeño de personas (empleados públicos) generando efectos en la macroeconomía como consecuencia de la baja en el poder adquisitivo provocando al mismo tiempo un efecto contractivo en la actividades económicas.
Los afectados directos corresponden a la así denominada clase media, el 52% de profesionales del país. Los cuales disminuyendo su poder adquisitivo traerán múltiples problemáticas en cadena hacia otros sectores de la economía como proveedores de servicios, situación que inclusive podría desencadenar en el distanciamiento de inversores en el país.
Esta reforma al involucrar tantos aspectos debió ser basada en un análisis macroeconómico básico que no se hizo. Evidencia de ello es que:
No plantea un régimen de carrera profesional que impulse a los profesionales, situación a la que se le suma la reducción de salario como generadora de problemas de rotación profesional.
Las estimaciones presentadas tienen diversos problemas en términos de cifras y temporalidad de las mismas.
La implementación de la reforma es incierta estaría poniendo en el servicio civil y en MIDEPLAN potestates que no tienen trayendo como consecuencias en división de poderes, legitimidad, duplicidad de tareas y otras.
Una mala ley vigente sin la capacidad de responder y con la necesidad de hacer ajustes por otras vías como un proceso interminable.
La reforma responde a un proceso que no se debe encuadra en algo negativo, por el contrario si se plantea desde un análisis real y abarcativa de todas o al menos la mayoría de las sub problemáticas que abarca podría basarse en una búsqueda de mayor eficiencia, productividad, transparencia de implementación paulatina, como medida de mejora del empleo público no como un “ahorro” del gasto público.
Nota: Unidad de Comunicación y Producción ECP
Eulalia Quesada, Redacción. Karol Ríos C. Edición.
