En las sociedades modernas existen retos importantes derivados del desarrollo sostenible. El cambio climático, la globalización y la revolución 4.0 son elementos de política pública que la gestión estatal ha incluido dentro de su agenda institucional de toma de decisiones.
La noción de desarrollo sostenible, que aparece por primera vez bajo esa denominación en 1980 y surge como respuesta a la grave situación ambiental develada y proyectada según diversos estudios científicos y publicaciones, algunas de las cuales tuvieron amplia divulgación y trascendencia en la opinión pública.
En este contexto, los medios de comunicación comenzaban a dar cobertura creciente a los problemas ambientales y, por su parte, la sociedad civil, cada vez más consciente, se comenzó a activar conformándose los primeros movimientos sociales ambientalistas.
La Dra María Elisa Febres Hernández participó en una entrega de Ventanas a la Política Internacional a finales del 2020, he hizo un repaso por los instrumentos más importantes de Derecho Internacional Público en la temática de protección medioambiental, dentro de los que destacan aquellos que buscan regular la manera en la que el ser humano se relaciona con el medio ambiente. Existen normativas y regulaciones nacionales que también vigilan este tema, por ejemplo la contaminación hídrica y sónica, uso de pesticidas y plaguicidas, manejo adecuado de desechos así como uso de la tierra.
Otros espacios como las conferencias internacionales así como diversos proyectos que emanan desde Naciones Unidas; incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de Desarrollo Sostenible se convierten en importantes herramientas a la hora de buscar un punto de encuentro entre la gobernabilidad y la gobernanza. La primera en el sentido que los Estados buscan formular y gestionar políticas públicas que sean aceptadas a nivel social; mientras que la segunda en la medida que estas políticas públicas deben de ser construidas de manera colaborativa e intersectorial.
Para ello, es fundamental reconocer el papel de organizaciones de sociedad civil así como de la academia como parte de un ejercicio de ciudadanía activa y un rol fiscalizador dentro de la puesta en práctica de estas políticas en pro del medio ambiente. Quizá uno de los ejemplos emblemáticos, a nivel internacional, donde actores y variables resultaron en una interacción es la Carta de la Tierra.
La Carta es una declaración de principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el Siglo XXI. Se preocupa especialmente por la transición hacia formas sostenibles de vida y el desarrollo humano sostenible. Reconoce que los objetivos de la protección ecológica, la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico equitativo, el respeto a los derechos humanos, la democracia y la paz son interdependientes e indivisibles.
Por consiguiente, el documento ofrece un nuevo marco ético integral inclusivo para guiar la transición hacia un futuro sostenible. La invitada reconoce que existe una tendencia creciente en el ámbito académico a reconocer el papel de los valores dentro del desarrollo sostenible, estableciéndose que, incluso, ellos podrían o deberían conformar una dimensión emergente de la sostenibilidad.
Por su parte, en el ámbito político-jurídico intergubernamental, y específicamente en los documentos aprobados sobre desarrollo sostenible, se observó que existen limitadas referencias al tema ético, y no se le ha dado la misma importancia que le atribuye la doctrina, lo cual puede entenderse como un rezago, a cuya superación puede contribuir enormemente la Carta de la Tierra.
Le invitamos a ver el video completo de esta interesante reflexión:
Nota: Profa. Valeria Vargas Tomás, ECP.
