¿Qué entendemos (y qué no) por un golpe de Estado según la ciencia política?
En días recientes, el concepto de golpe de Estado ha ocupado un lugar central en el debate público costarricense. En ese contexto, desde la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica consideramos importante recordar que la democracia también requiere precisión conceptual. Analizar antes de etiquetar, argumentar antes de acusar y utilizar los conceptos con rigor fortalece la discusión pública.
Esta discusión nos brinda la oportunidad de revisar qué entendemos por golpe de Estado, cuáles son sus elementos centrales y por qué no todo conflicto entre poderes constituye uno.
¿Qué es un golpe de Estado?
De acuerdo con la definición propuesta por Marsteintredet y Malamud en el artículo Coup with adjectives: conceptual stretching or innovation in comparative research (2019), un golpe de Estado reúne tres elementos fundamentales:
1. El actor
Quienes ejecutan la acción pertenecen al aparato del Estado. Históricamente, las fuerzas armadas han sido uno de los principales protagonistas, aunque, según la experiencia regional, también pueden intervenir otros actores estatales. Estos pueden, además, recibir apoyo de actores económicos, sociales o extranjeros.
2. El objetivo
La acción está dirigida contra las autoridades políticas de un país, con el propósito de producir un cambio en el poder.
3. La forma
El desplazamiento del gobierno se realiza mediante medios ilegales o inconstitucionales, lo que implica una ruptura o suspensión del orden constitucional.
De manera general, un golpe de Estado puede entenderse como el desplazamiento ilegal o inconstitucional del Poder Ejecutivo por parte de actores pertenecientes al aparato estatal.
Para la ciencia política, solo la presencia conjunta de estos tres elementos —actor estatal, objetivo gubernamental y medios ilegales o inconstitucionales— permite hablar de un golpe de Estado.
¿Qué no deberíamos confundir automáticamente con un golpe de Estado?
No todo cambio de gobierno es un golpe de Estado. Tampoco lo son, en sentido estricto, todos los procesos de crisis o conflicto político.
Marsteintredet y Malamud advierten sobre la importancia de distinguir el golpe de Estado de otros fenómenos políticos, entre ellos:
- Un impeachment o juicio político realizado conforme a los procedimientos legales y constitucionales.
- Una revocatoria popular llevada a cabo de acuerdo con la legislación vigente.
- Una revolución, cuando el cambio es impulsado principalmente por actores externos al aparato estatal.
- Una protesta o movilización social, incluso cuando sea masiva o genere una fuerte crisis política.
- Un proceso gradual de deterioro democrático, que puede implicar un debilitamiento progresivo de las instituciones, pero que no constituye automáticamente un golpe de Estado.
La diferencia fundamental consiste en analizar quién actúa, contra quién se actúa y mediante qué mecanismos.
¿Qué ocurre con expresiones como "golpe blando" o "golpe parlamentario"?
Marsteintredet y Malamud llaman la atención sobre el uso cada vez más frecuente de expresiones como golpe blando, golpe parlamentario, golpe judicial, golpe constitucional o golpe electoral.
Según los autores, agregar calificativos al concepto de golpe de Estado puede terminar agrupando bajo una misma categoría fenómenos muy distintos entre sí. Algunos de ellos no cumplen con los tres elementos que definen un golpe de Estado.
Por ejemplo, un proceso de destitución presidencial (impeachment) realizado mediante un mecanismo constitucional puede ser políticamente controversial y generar intensos debates sobre su legitimidad. Sin embargo, si se desarrolla conforme a los procedimientos legales y constitucionales, no necesariamente constituye un golpe de Estado en sentido estricto.
¿Por qué se instrumentaliza el concepto de golpe de Estado?
El término golpe de Estado posee una enorme carga política y moral. Nombrar un acontecimiento de esta manera no solo describe lo sucedido; también puede contribuir a definir quién es considerado legítimo o ilegítimo, democrático o antidemocrático.
Por esta razón, distintos actores pueden utilizar estratégicamente el término:
- Un gobierno puede acusar a sus adversarios de promover un golpe para deslegitimarlos.
- Una oposición puede calificar las acciones del gobierno como un golpe para presentarse como defensora de la democracia.
- Actores que rompen el orden político pueden denominar sus acciones como "revolución" o "movimiento" para legitimarlas.
- Actores políticos y medios de comunicación pueden utilizar expresiones como golpe parlamentario o golpe judicial para cuestionar la legitimidad de procesos de destitución o de decisiones institucionales.
La utilización del término también puede tener consecuencias políticas concretas, tanto dentro de los países como en el ámbito internacional. La calificación de un acontecimiento como golpe de Estado puede influir en la respuesta de otros gobiernos y organismos internacionales, e incluso contribuir a la adopción de sanciones o medidas diplomáticas.
La importancia de nombrar con precisión
Marsteintredet y Malamud advierten que ampliar excesivamente el concepto puede generar confusión. Si llamamos "golpe de Estado" a fenómenos muy distintos entre sí —como un impeachment, una revolución, una movilización social o un proceso gradual de erosión democrática— corremos el riesgo de perder la capacidad de comprender qué está ocurriendo realmente.
La pregunta, entonces, no debería ser únicamente si estamos de acuerdo o en desacuerdo con lo ocurrido.
También deberíamos preguntarnos:
- ¿Quién actuó?
- ¿Contra quién?
- ¿Con qué mecanismos?
- ¿Fueron legales o ilegales?
- ¿Hubo una ruptura del orden constitucional?
Solo a partir de estas preguntas podemos analizar rigurosamente si estamos frente a un golpe de Estado o ante otro tipo de fenómeno político.
Un llamado a la prudencia
La prudencia no significa indiferencia. La precisión conceptual no es un simple ejercicio académico. Analizar antes de etiquetar, argumentar antes de acusar y preservar el significado de conceptos fundamentales fortalece nuestra capacidad para comprender y defender la democracia.
La democracia también necesita precisión conceptual. Usar las palabras con rigor nos permite distinguir entre fenómenos diferentes, comprender mejor nuestras realidades políticas y evitar que conceptos de enorme gravedad sean utilizados como simples etiquetas para deslegitimar al adversario.
